Golpe a golpe/Juan Sánchez Mendoza
Las arcas públicas municipales, en el ejercicio 2024, estuvieron
convertidas en una ‘caja chica’ de varios alcaldes (en funciones), que,
lejos de entender que esos recursos públicos tienen dueño (los
ciudadanos) ocasionaron una crisis severa. Hasta el grado de que
existen, a la fecha (y en conjunto) 2 mil 673 millones 232 mil 187 pesos
sin haberse comprobado, según admite el diputado local Eliphaleth
Gómez Lozano, quien preside la Comisión de Vigilancia de la Auditoría
Superior del Estado, en el Congreso local.
El quebranto no es menor, pues aparece en los registros contables. Ni
tampoco se trata de omisiones administrativas que puedan ‘resolverse’
con un trámite de escritorio, pues estamos hablando de una gran
cantidad cuyo destino no han podido justificar ante las instancias
fiscalizadoras, aunque el dinero debió traducirse en mejores servicios
públicos, calles en condiciones transitables, alumbrado, infraestructura
hidráulica, la recolección de basura, obras y seguridad pública.
Aún hay cuentas públicas, correspondientes al ejercicio fiscal 2024, de
41 municipios, que no han sido aprobadas por irregularidades
financieras y administrativas detectadas.
Esto lleva a preguntar ¿dónde quedaron los recursos? ¿quién autorizó
los gastos? ¿quién recibió los beneficios de los contratos y de obras
que no fueron debidamente acreditadas? Y sobre todo ¿qué
consecuencias deben enfrentarán quienes tuvieron bajo su
responsabilidad la administración de esos recursos?
Una cuenta pública rechazada por el Congreso no es asunto que deba
archivarse como un simple desacuerdo entre autoridades. Es una señal
de alarma sobre la manera en que se está ejerciendo el presupuesto y
una evidencia de que los mecanismos de vigilancia no están
consiguiendo garantizar que cada peso tenga un destino comprobable.
Las observaciones, según la información presentada, tienen distintos
orígenes, como falta de documentación comprobatoria, obras
inconclusas, contratos con deficiencias y fallas en los registros
contables del gasto.
Todo un catálogo de irregularidades que exhibe claramente fragilidad
administrativa de numerosos gobiernos municipales. Y, en algunos
casos, podría esconder situaciones mucho más delicadas, como el
saqueo.
Particularmente preocupante resulta que los señalamientos alcancen a
los municipios pequeños y rurales –Abasolo, Antiguo Morelos,
Bustamante, Palmillas, Camargo, Cruillas y Gómez Farías, entre otros-
-, puesto que son demarcaciones donde cada peso del presupuesto
debería aprovecharse al máximo, considerando las limitaciones
económicas y las necesidades de sus habitantes.
En esos municipios, como en otros, la falta de comprobación del gasto
no solamente representa un problema contable. También significa que
la población tiene menos elementos para saber si sus impuestos se
utilizaron correctamente o si terminaron diluidos entre contratos
deficientes, obras inconclusas y decisiones administrativas sin
justificación.
Y aquí aparece una responsabilidad que no puede eludirse: la de los
alcaldes y sus respectivos equipos financieros, administrativos y de
obras públicas, pues gobernar implica administrar, sí, pero también
comprobar, transparentar y responder por el uso del dinero público. No
basta con presentar informes, inaugurar obras o presumir inversiones
cuando los documentos que respaldan el gasto no aparecen o resultan
insuficientes.
El rechazo de las cuentas públicas tampoco debe convertirse en una
especie de sanción política sin consecuencias. La Auditoría Superior
del Estado tiene la responsabilidad de profundizar en las
investigaciones para determinar los montos pendientes de solventar,
identificar a los servidores públicos responsables y, cuando existan
elementos suficientes, promover los procedimientos administrativos o
penales correspondientes.
Sería inadmisible que después de semejante desfalco documental y
financiero, los responsables simplemente abandonaran sus oficinas,
cambiaran de administración y se llevaran consigo las explicaciones
que nunca ofrecieron.
En medio de ese panorama asoma el municipio de Nuevo Laredo como
la excepción, pues mientras 41 ayuntamientos enfrentan
cuestionamientos por sus cuentas públicas, la administración
neolaredense se distingue por no formar parte de ese grupo de
municipios señalados.
La diferencia merece reconocerse, pero también debe servir como
referencia.
Y es que la administración de los recursos públicos exige disciplina
financiera, controles internos, documentación comprobatoria y una
política de transparencia que permita demostrar que el presupuesto se
ejerce conforme a la ley.
Sin embargo, el contraste también obliga a exigir que la fiscalización no
tenga excepciones, preferencias ni colores partidistas. Si hay
irregularidades, deben investigarse hasta sus últimas consecuencias,
independientemente de quién gobierne o de las siglas políticas que lo
llevaron al poder.
Dos mil 673 millones de pesos sin comprobar no son una cifra para
presumir en una tribuna legislativa y después dejar que el tiempo haga
su trabajo. Son recursos de los ciudadanos que alguien tuvo la
obligación de administrar y justificar.
Sobre todo, porque el dinero público no pertenece a los alcaldes,
tampoco a sus tesoreros, directores de obras ni proveedores
consentidos. Pertenece a una sociedad que paga impuestos y que tiene
derecho a recibir servicios, infraestructura y resultados, no
explicaciones a medias.
Correo: jusam_gg@hotmail.com
