En visto | Dora de la Cruz
Las relaciones amorosas en el servicio público, que involucran recursos fiscales, son
más comunes de lo que pueda parecer o reconocerse; es una práctica de la que por
el tema de privacidad, los medios no hablan, aunque se sepa, pero que a fin de
cuentas se convierta en un asunto de nepotismo, ligado a la corrupción.
La vida privada de los funcionarios de alta, media y cualquier tipo de jerarquía en los
tres poderes y los tres niveles de gobierno, debe respetarse por ética profesional,
siempre y cuando no involucre recursos públicos; el caso es que algunos de los
servidores públicos utilizan su posición jerárquica, para establecer relaciones
sentimentales dentro de las mismas dependencias que encabezan y, posteriormente,
favorecen a su pareja con sueldos elevados, compensaciones, o beneficios
económicos, utilizando el presupuesto público para un asunto personal.
En oficinas gubernamentales, es un secreto a voces este tipo de relaciones
amorosas que son criticadas, en voz baja, pero que deben ser un asunto público en
materia de transparencia y de rendición de cuentas, porque es ahí donde la
corrupción se vuelve invisible y pocas veces es castigada en quienes la cometen.
Lo que se conoce como nepotismo sentimental y conflicto de interés, es una de las
formas como se desvían recursos públicos, se asignan contratos y aunque existe la
ley para sancionar el nepotismo, en las relaciones extramaritales en oficinas, pocas
veces son investigadas.
Algunos casos salen a la luz pública cuando la esposa descubre la infidelidad del
servidor público y decide denunciar. Recordemos el caso que involucró a Pedro
Hernández, exsecretario de Obras Públicas durante el gobierno de Manuel Cavazos
Lerma, cuando su entonces esposa ofreció una rueda de prensa para denunciar los
gastos que él hacía con otras mujeres, de propiedades e ingresos simulados, lo que
derivó en investigación y cárcel.
De esos perfiles, a Fernando Cano en su tiempo también le costó mucho las
declaraciones de su pareja ofendida, sobre sus negocios hechos al amparo del
poder público.
El reciente caso de la presidenta consejera del Instituto Nacional Electoral,
Guadalupe Taddei, quien renunció al cargo en medio de señalamientos por un
presunto conflicto de intereses relacionado con el empresario José Alfredo
Hernández Casillas, proveedor de material electoral con contratos por 500 millones
de pesos, ha colocado a una mujer en el centro de la atención mediática, por su
presunta relación sentimental con él.
Sin embargo, no fue el amor lo que le costó el cargo, sino los presuntos actos de
corrupción y el posible conflicto de intereses que deben investigarse acreditarse y
sancionarse.
La crítica no debe centrarse en su vida sentimental, ni reducir el caso a una mujer a
la que «le costó caro el amor». Desde una perspectiva de género, el señalamiento
debe dirigirse al ejercicio de la función pública, al presunto conflicto de intereses y al
posible uso indebido de recursos públicos, en este caso la asignación de compras de
material electoral.
Se normaliza que los funcionarios tengan a sus novias y parejas en sus oficinas, que
les asignen convenios, les paguen compensaciones, contratos, viajes y hasta les
pavimenten la calle de su casa con el concreto que alcanzaría para cubrir una
colonia popular, en el total nepotismo y corrupción, pero se sigue una narrativa
misógina, cuando lo que debe señalarse efectivamente son los delitos de corrupción
y nepotismo.
Ciertamente cuando llega una mujer a un cargo, está sujeta a críticas por el
desempeño de sus funciones; también no está exenta de incurrir en actos de
presunta corrupción, pero sin escandalizar porque el delito lo cometa una mujer.
No es el amor el que cuesta caro, como lo titularon algunos medios de
comunicación; lo que cuesta en el cargo, es cometer actos de corrupción y
nepotismo, beneficiarse desde un cargo para su círculo familiar cercano.
La corrupción no tiene sexo, tiene nombres y apellidos de funcionarios y funcionarias
que utilizan los cargos públicos para beneficiarse con el dinero del pueblo. El
problema no es si son hombres o mujeres, sino el uso del poder para obtener
privilegios personales a costa de los recursos públicos. La perspectiva de género no
exime a nadie de rendir cuentas.
