Faljoritmo
Jorge Faljo
En el Valle del Yaqui, el granero histórico del sur de Sonora, hay agua suficiente para sembrar entre 60 y 70 por ciento de la superficie. Aun así, los productores no saben si se llegará a sembrar la mitad de lo posible. En algunas comunidades se habla de sembrar apenas el 10 por ciento de la superficie.
El director técnico del Distrito de Riego del Río Yaqui, Humberto Borbón, señala que, además del agua, los agricultores deben evaluar qué cultivos les permitirán recuperar su inversión; sin definiciones sobre precios, financiamiento y comercialización, nadie sabe qué sembrar ni cuánto. Lo que frena la siembra no es la sequía sino la falta de rentabilidad… y las deudas. Familias con tres generaciones en el campo venden maquinaria y tierras para pagar deudas.
No es un problema aislado. En abril el secretario de desarrollo rural de Tamaulipas, Antonio Varela, dijo que debido a la baja rentabilidad y la falta de financiamiento se ha dejado de sembrar, según estimaciones, un 50 por ciento de la superficie de sorgo. Añadió que la sequía fue un detonante importante en la caída de la siembra, pero la baja rentabilidad puede convertirse en un problema más persistente, incluso cuando mejoren las lluvias. Hay que añadir que la baja rentabilidad se asocia al bajo precio del sorgo, el encarecimiento de los insumos y la falta de crédito y seguridad comercial.
Octubre de 2026 marca un aniversario incómodo. Hace un año, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) inició paros nacionales con bloqueos en una veintena de estados; en algunos puntos arrojaron toneladas de papa, jitomate, cebolla y limón al asfalto para mostrar que el precio de venta no cubría ni el transporte. Sus demandas consiguieron establecer mesas de diálogo con el gobierno.
No obstante, en abril de 2026 el dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, Eraclio Rodríguez Gómez, denunció que el gobierno había incumplido al menos una decena de acuerdos firmados en las múltiples mesas de diálogo establecidas con las autoridades federales. Lo que está a discusión, es el modelo económico que lleva a cabo el gobierno, sobre todo en lo que afecta al campo.
Lo notable del momento es que la alarma ya no viene sólo de las organizaciones movilizadas. Llega de frentes que normalmente no coinciden. Los organismos de riego del noroeste, que suelen preferir la negociación discreta a la protesta, hablan hoy de un campo «desolado» y «abandonado». El presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui, Mario Pablos Domínguez, recordó a la presidenta Sheinbaum que procurar la producción nacional de alimentos es una obligación constitucional. La Asociación de Organismos Agrícolas del Sur de Sonora advierte que hay agricultores que ya no quieren, o ya no pueden, volver a sembrar. El gobernador de Sonora reaccionó ofreciendo un «acercamiento».
El Consejo Nacional Agropecuario, voz del agronegocio y por lo general alineado con la política oficial, reconoció que la extorsión del crimen organizado eleva hasta 20 por ciento los precios de alimentos básicos. Llamó a la inseguridad en el campo una amenaza para la seguridad alimentaria del país.
Alberto Vizcarra, vocero nacional del FNRCM, propone una lectura de fondo. El problema es una ortodoxia fiscal de equilibrio presupuestal, adoptada desde el gobierno de Miguel de la Madrid y llevada al extremo bajo el nombre de «austeridad». Con esa regla, dice, los aumentos al campo son un «espejismo nominal» y ni siquiera los raquíticos presupuestos proyectados llegan a ejercerse. Ya en 2023 estimaba que el recorte nominal acumulado al presupuesto agrícola desde 2018 superaba los 12 mil millones de pesos, sin contar la erosión inflacionaria.
En declaraciones recientes, Vizcarra advirtió que vamos hacia una crisis de desabasto en el mercado nacional de maíz en un momento en que el entorno internacional se dirige a una crisis general en los mercados alimentarios. Se requiere, dijo, un golpe de timón en la política económica que recupere aquellos instrumentos que fueron exitosos de los años treinta a los ochenta del siglo pasado; un gran tramo histórico en el que se lograron niveles importantes de crecimiento económico y de autosuficiencia alimentaria. Esto para que México pueda realmente recuperar su soberanía no en el discurso sino en la práctica impidiendo que sean las estructuras financieras internacionales las que determinen una política de austeridad que mina el futuro económico del país.
Las advertencias del FNRCM adquirieron fuerza demoledora con la publicación de los datos oficiales de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) del INEGI en la que se señalan caídas del 46.4 por ciento en la producción de trigo en el 2025 sobre la base de la producción del 2022; del 11.2 por ciento en maíz amarillo; de 6.7 por ciento en maíz blanco; de 12.1 por ciento en sorgo. En total casi un 11 por ciento de caída en la producción de granos principales que son el eje de la alimentación de la población. De acuerdo con la misma fuente 76.1 por ciento de las unidades señaló los altos costos de insumos y servicios como problema; la sequía afectó a 36.8 por ciento, menos de la mitad. Mientras el país exportaba cerveza, aguacate y tequila en cifras récord, producía cada vez menos trigo, maíz y sorgo; en 2025 hasta ese motor exportador se frenó.
La ENA también indica que en 1.44 millones de unidades de producción sus integrantes recortaron gastos del hogar en salud, educación y alimentación. Millones han visto afectados elementos fundamentales de su bienestar.
Si el diagnóstico se ve como catastrofista; las propuestas de solución del FNRCM parecen impensables. Lo primero es sacar los granos básicos (maíz, frijol, trigo y sorgo) del T-MEC. Mientras los granos permanezcan en el tratado, su precio interno se fija por referencia a la Bolsa de Chicago. El productor mexicano compite así contra agricultores estadounidenses que reciben cuantiosos subsidios, y queda expuesto a la especulación de los grandes corporativos agrofinancieros.
Lo segundo son apoyos a la producción, distintos al asistencialismo sin impacto productivo. El FNRCM pide precios de garantía universales y suficientes; una banca nacional de desarrollo rural; regulación de importaciones y mecanismos de comercialización que reduzcan el peso de los intermediarios en los precios de consumo final; pagos compensatorios por caídas de precio y afectaciones climáticas para que los productores endeudados puedan sanear su cartera y volver a sembrar.
El diagnóstico de deterioro rural es una realidad que no se puede seguir ignorando, como tampoco cerrar los ojos ante un entorno internacional en el que el encarecimiento, incluso posible desabasto de energéticos y fertilizantes apunta a una crisis alimentaria global.
La situación obliga a tomar en serio las propuestas del FNRCM, antes de que sea demasiado tarde.
