LEGITIMIDAD Y PODER
ALBERTO RIVERA
En política, ganar una elección no siempre significa ganar el poder. Y tener el poder tampoco garantiza conservarlo. Esta distinción será fundamental para comprender lo que está en juego en México en 2027, cuando los ciudadanos acudan nuevamente a las urnas para definir no solamente quiénes gobernarán, sino cómo se distribuirá el poder político en el país.
De acuerdo con el análisis de Roy Campos, de Consulta Mitofsky, estarán en disputa aproximadamente 3,419 cargos de elección popular, entre ellos 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas y más de 1,800 ayuntamientos. Sin embargo, la verdadera importancia de esta elección no radica únicamente en la cantidad de posiciones, sino en sus consecuencias para el equilibrio político nacional.
Basta observar lo ocurrido en 2024. La coalición integrada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde obtuvo el 56.8% de la votación efectiva para diputaciones federales, pero alcanzó el 72.8% de las curules en la Cámara de Diputados. Una diferencia de 16 puntos porcentuales que demuestra que los votos no siempre se traducen en una representación legislativa proporcional. En política, importa cuántos votos se obtienen, pero también dónde se consiguen y cómo se convierten en poder institucional.
Existe, además, una variable que puede resultar determinante: la participación ciudadana. México cuenta con una lista nominal que, para septiembre de 2026, superaba los 102 millones de electores. Esto significa que cada punto porcentual de participación representa aproximadamente un millón de votos. Si en 2027 se repitiera la participación del 53% registrada en 2021, votarían alrededor de 54 millones de mexicanos. Si alcanzara el 61% de 2024, serían más de 62 millones.
La diferencia es considerable. Por eso, la gran incógnita no será solamente por quién votarán los mexicanos, sino cuántos decidirán hacerlo. En una elección intermedia, donde históricamente participa una proporción menor del electorado que en las presidenciales, la capacidad de los partidos para mantener el interés ciudadano y convertir las preferencias en votos efectivos adquiere especial relevancia.
La historia electoral también ofrece una señal interesante. En las cinco elecciones intermedias celebradas entre 1997 y 2021, el partido mayoritario registró una disminución en su porcentaje de votación respecto de la elección presidencial anterior. Ocurrió con el PRI, con el PAN y también con Morena, que pasó del 38.8% en 2018 al 35.5% en 2021. Aunque este comportamiento no garantiza que la historia se repita, sí plantea una interrogante sobre el respaldo electoral que tendrá el oficialismo en 2027.
A ello se suma la renovación de 17 gubernaturas, de las cuales actualmente 12 están encabezadas por Morena, tres por el PAN, una por Movimiento Ciudadano y otra por el Partido Verde. El resultado permitirá observar cómo evoluciona la presencia territorial de las distintas fuerzas políticas. Sin embargo, el peso político de una elección no depende solamente del número de estados que cambien de gobierno, sino también de su población, importancia económica y capacidad de influencia regional.
Otro elemento será la disputa entre la comunicación política y la organización territorial. Las redes sociales pueden dominar la conversación pública, pero millones de visualizaciones no necesariamente significan millones de votos. Una fuerza política puede ganar debates mediáticos y perder elecciones, mientras otra puede enfrentar cuestionamientos públicos y conservar una presencia territorial importante.
En este sentido, Roy Campos distingue dos dimensiones de la competencia electoral: el aire y la tierra. El primero representa la disputa por las narrativas y las percepciones; el segundo, la organización, el contacto directo con los ciudadanos y la movilización electoral. Ambas serán relevantes para comprender lo que ocurra en las urnas.
Esta diferencia resulta especialmente importante en una época en la que la conversación digital suele confundirse con la opinión pública. Las tendencias en redes sociales pueden reflejar la intensidad de determinados sectores, pero no necesariamente representan las preferencias del conjunto del electorado. La verdadera dimensión del respaldo político solamente puede conocerse cuando las preferencias ciudadanas se expresan mediante el voto.
Pero 2027 tampoco puede reducirse a una confrontación entre partidos o estrategias de campaña. La seguridad, la economía familiar, los servicios de salud, la corrupción y el desempeño de los gobiernos formarán parte de las consideraciones ciudadanas. Para algunos electores, la continuidad será una prioridad; para otros, la elección representará una oportunidad de expresar inconformidad o buscar alternativas.
También será importante observar el papel de las alianzas políticas. En un escenario de competencia entre distintas fuerzas, los acuerdos partidistas pueden modificar la distribución del voto y la representación legislativa. Sin embargo, sumar partidos no significa necesariamente sumar electores. La aceptación de las candidaturas, la congruencia de los acuerdos y las circunstancias locales también influyen en la respuesta ciudadana.
Lo cierto es que México llegará a 2027 con un electorado más numeroso, un mapa político profundamente transformado y una competencia que pondrá a prueba tanto la capacidad de organización de los partidos como su relación con la ciudadanía.
Por eso, cuando se conozcan los resultados, no bastará con contar cuántas gubernaturas, diputaciones o ayuntamientos ganó cada fuerza política. Habrá que observar qué mayorías se conformaron, cómo quedó representada la pluralidad ciudadana y qué contrapesos existirán en las instituciones.
La elección de 2027 será, en ese sentido, mucho más que una competencia por cargos públicos. Sus resultados permitirán conocer cómo se reconfigura el equilibrio político nacional y cuáles serán las condiciones institucionales bajo las que se tomarán las decisiones del país durante los siguientes años.
Las elecciones determinan quiénes llegan al poder, pero la forma en que ese poder se distribuye determina cómo se gobierna un país.
