Golpe a golpe/Juan Sánchez Mendoza
En política, los tiempos son, también, instrumentos de poder. Y cuando
una dirigencia partidista decide aplazar sus definiciones internas
arguyendo que es para garantizar la unidad antes de definir
candidaturas, lo cierto es que así mantendría como rehenes a los
aspirantes, para evitar el ‘chapulineo’.
En Movimiento Regeneración Nacional (morena), la definición de las
coordinaciones municipales y distritales de defensa de la
transformación y la soberanía nacional se ha extendido hasta diciembre
del año en curso, de acuerdo con los plazos máximos establecidos en
las convocatorias. Pero es una decisión que, lejos de despejar las
dudas alimenta sospechas sobre la manera en que se administra la
justa interna rumbo a las elecciones de 2027.
La dirigencia nacional argumenta que necesita tiempo para procesar los
registros, evaluar perfiles, aplicar encuestas, cumplir con la paridad de
género y resolver inconformidades. Son razones que, en principio,
pueden resultar válidas dentro de una organización política que ofrece
seleccionar a sus representantes mediante procedimientos ordenados.
Sin embargo, el problema no radica únicamente en el calendario, sino
en la falta de certeza que genera para quienes aspiran a obtener una
coordinación que, en los hechos, es la antesala de una candidatura.
Los registros municipales concluyeron el 18 de octubre y, aun así, los
interesados deberán esperar hasta los últimos días de diciembre para
conocer el resultado definitivo.
En otras palabras, semanas de incertidumbre durante las cuales los
participantes permanecen sujetos a las decisiones de una dirigencia
que concentra la facultad de evaluar, filtrar y determinar quiénes
continúan en la competencia.
¿Acaso no existía la posibilidad de prever el volumen de solicitudes y
organizar con anticipación los mecanismos de evaluación? ¿Por qué un
proceso que exige planeación termina trasladando el costo de la
demora a los propios aspirantes?
El argumento de evitar el ‘chapulineo’ igual merece revisión crítica. Si lo
que se pretende es impedir que los inconformes abandonen morena
para buscar acomodo en otros partidos, la estrategia de prolongar los
plazos puede terminar produciendo precisamente el efecto contrario:
aumentar el descontento, profundizar las divisiones y convertir la
permanencia de los aspirantes en una prueba de obediencia política.
Y es que una cosa es establecer reglas claras y otra, muy distinta,
mantener a decenas de interesados en una espera prolongada, sin
conocer los criterios definitivos de evaluación ni las razones por las que
unos perfiles serán favorecidos sobre otros.
El riesgo es que la disciplina partidista se confunda con subordinación;
que la unidad se convierta en exigencia unilateral, y que la
inconformidad sea interpretada como ‘deslealtad’, aunque existan
motivos legítimos para cuestionar la transparencia del procedimiento.
Bajo este escenario, los aspirantes aparecen convertidos en rehenes
políticos de sus propias expectativas. Muchos han invertido tiempo,
recursos, relaciones y capital político en la búsqueda de una
coordinación que consideran el primer paso hacia una candidatura
municipal o distrital. Mientras esperan, deben cuidar sus declaraciones,
evitar confrontaciones con la dirigencia y medir cada movimiento para
no comprometer sus posibilidades.
Así, la incertidumbre se transforma en una herramienta de control, pues
quien decide los tiempos también condiciona las conductas y conserva
la capacidad de mantener a los contendientes dentro de una
competencia cuya resolución depende de instancias superiores.
Eso no significa que la ampliación de plazos responde necesariamente
a una maniobra política, sino se trata de cuestionar el por qué, cuando
las reglas permiten esperar hasta diciembre, no se ofrecen garantías
suficientes para que esa espera sea transparente, verificable y ajena a
intereses particulares.
Las encuestas tampoco constituyen, por sí mismas, una garantía de
imparcialidad. Para que sean creíbles, los participantes deben conocer
la metodología, los criterios de selección de las muestras, los
mecanismos de supervisión y las condiciones bajo las cuales se
determinará al ganador. De lo contrario, el sondeo corre el riesgo de
convertirse en una explicación conveniente para justificar decisiones
previamente tomadas.
Lo mismo ocurre con la paridad de género y los filtros políticos, pues
son obligaciones y herramientas legítimas, pero no deben utilizarse
como argumentos genéricos para prolongar indefinidamente las
definiciones ni para ocultar la ausencia de información.
La dirigencia de morena tiene la responsabilidad de demostrar que sus
procedimientos son más democráticos que las prácticas que durante
años cuestionó a sus adversarios.
Esta ampliación de los plazos hasta diciembre, coloca a morena ante la
disyuntiva de demostrar que necesita ese tiempo para realizar una
selección rigurosa, o confirmar que la incertidumbre también puede
servir para administrar aspiraciones, contener inconformidades y
mantener bajo control, a manera de rehenes, a quienes buscan una
candidatura en 2027.
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