Mapamundi
Leo Andrade
La tarde en el Senado olía a pólvora adelantada. Allá arriba, en la tribuna de Xicoténcatl, Olga Sosa defendía con tono firme un dictamen sobre fiscalización digital, intentando blindarse de los reflectores. Abajo, en su escaño, Maki Ortiz rumiaba los detalles de una jugada que traía reservada desde la frontera norte. Nadie imaginaba el tamaño del choque que estaba a punto de desatarse entre las dos principales cartas femeninas del bloque oficialista tamaulipeco.
En cuanto Sosa cerró su intervención, Ortiz pidió la palabra con el cuchillo entre los dientes para soltarle una interpelación directa: exigirle cuentas sobre los oscuros fantasmas del pasado y los presuntos nexos con el difunto rey del huachicol. Fue un obús lanzado a quemarropa contra la línea de flotación de su compañera de coalición. La respuesta fue un portazo seco, un rechazo reglamentario y frío que dejó a todos boquiabiertos.
Sosa se negó a responder bajo el pretexto de que el tema no cabía en el debate legislativo. Con ese simple movimiento de ajedrez, evitó el careo en vivo, pero abrió una cloaca mucho más peligrosa. Lo que pudo quedarse en una áspera discusión de curules saltó de inmediato a las pantallas de los celulares, desatando una guerra de videos, comunicados y metralla digital que cimbró todo el estado.
Este zafarrancho no es un incidente aislado ni un simple berrinche parlamentario. Es, en realidad, el banderazo oficial de salida para la madre de todas las batallas en Tamaulipas: la gubernatura del 2028. Las ambiciones se desbordaron antes de tiempo, convirtiendo el recinto legislativo en el ring improvisado de una pelea intestina que amenaza con fracturar los cimientos de la Cuarta Transformación mucho antes de lo previsto.
El verdadero problema para Morena y su aliado el Partido Verde no es definir quién tiene mejor perfil, sino evitar que este pleito de comadres arrase con la disciplina territorial. Cuando los liderazgos se devoran entre sí por la codicia del poder, las bases se desconciertan y el fuego amigo comienza a quemar las estructuras municipales que tanto costó levantar de cara al proceso electoral intermedio del 2027.
La geografía del estado explica a la perfección las raíces de este odio jarocho y norteño. Por un lado está Reynosa, el monstruo electoral de la frontera, el bastión inexpugnable donde la familia Ortiz ha tejido redes de poder durante años. Por el otro pulsa el sur petrolero, la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, donde Olga Sosa construyó su base operativa y su influencia política regional.
Cuando dos pesos pesados con esa capacidad de movilización chocan de frente, los daños colaterales son inevitables. Los operadores locales, los alcaldes en funciones y los dirigentes de partido se ven obligados a tomar partido en una guerra sin cuartel.
Ya no hay espacio para la neutralidad cómoda; la lealtad se vuelve un bien escaso y caro en un territorio donde todos sospechan de todos y nadie confía en su vecino.
Lo más grave del episodio no fue la negativa en tribuna, sino los misiles verbales que se lanzaron después. Las diferencias ideológicas quedaron sepultadas bajo un alud de acusaciones sobre financiamientos oscuros, granjas de bots y el desvío de recursos municipales para financiar campañas negras de desprestigio. La praxis política descendió al lodo de las cloacas financieras y provoca que el debate público se pudra por completo.
Maki Ortiz apostó por la presión mediática abierta, buscando reventar la autoridad moral de su contrincante con los expedientes más incómodos. Sosa, por su parte, se blindó en la estructura institucional y reviró con dureza señalando el uso indebido del presupuesto de Reynosa para atacarla. Si existen pruebas de corrupción, la vía obligada debían ser los tribunales, no el escándalo callejero.
Al utilizar esas graves acusaciones como simples proyectiles electorales, ambas legisladoras normalizan una guerra sucia que le regala municiones perfectas a una oposición que sobrevive agazapada. Los adversarios políticos disfrutan viendo cómo la aplanadora oficialista se golpea el pecho a solas, ahorrándoles el trabajo de desgaste que normalmente tendrían que hacer en las calles del estado.
A esta coctelera explosiva se le suma un ingrediente ineludible: las reglas de paridad de género. Por mandato de los órganos electorales, es un escenario virtualmente seguro que la candidatura al gobierno estatal deba recaer obligatoriamente en una mujer. Esto reduce drásticamente el margen de maniobra y convierte la contienda interna en un juego despiadado de suma cero dentro del propio movimiento oficial.
Al estar el carril principal reservado para un perfil femenino, la convivencia pacífica entre Sosa, Ortiz y las demás aspirantes que vienen empujando desde abajo se vuelve totalmente imposible. Las reglas institucionales, diseñadas históricamente para garantizar equidad e inclusión, terminan acelerando las hostilidades y desatando una lucha desesperada por el control absoluto de los reflectores estatales.
Sin embargo, el peligro más apremiante para la coalición gobernante no se llama 2028, sino 2027. Las elecciones intermedias pondrán a prueba la capacidad real del partido guinda y sus aliados para retener las alcaldías y la mayoría en el Congreso local. Para salir airosos de esa prueba de fuego se necesita una maquinaria perfectamente aceitada, acuerdos firmes y una tregua táctica indispensable.
Si las huestes oficialistas llegan a las urnas intermedias completamente fracturadas por rencores personales y cuentas pendientes, el costo se pagará con derrotas dolorosas. Los conflictos que hoy parecen limitarse a la ambición de dos senadoras tienen la capacidad infecciosa de replicarse en cada rincón del estado, poniendo en riesgo la estabilidad de los municipios más importantes para la economía local.
La clase política tamaulipeca padece un vicio histórico incorregible: la prisa por comerse el futuro antes de que madure el presente. Los grupos que alcanzan cuotas de poder se lanzan a la yugular por la siguiente candidatura sin haber consolidado siquiera los gobiernos que encabezan. Las administraciones públicas se convierten así en oficinas de operación electoral al servicio de proyectos personales.
Ante este panorama de descontrol, las dirigencias nacionales de Morena y el Partido Verde enfrentan una prueba monumental de autoridad. No se trata de obligar a una reconciliación artificial que nadie cree, sino de poner reglas claras, marcar límites estrictos y aplicar sanciones a quienes amenacen con dinamitar el proyecto colectivo por un simple capricho de grupo o ambición de poder.
El zafarrancho protagonizado por Olga Sosa y Maki Ortiz es apenas la radiografía adelantada de lo que ocurre cuando la hegemonía política se vuelve sorda y soberbia. Ambas tienen el derecho legítimo de aspirar a gobernar su tierra, pero la falta de mesura las está arrastrando a un callejón sin salida donde los mayores perdedores no son ellas, sino la estabilidad misma de su propio movimiento político.
Si las cúpulas partidistas no logran meter en cintura a sus liderazgos regionales, la casa entera terminará por derrumbarse desde los cimientos. El verdadero enemigo del oficialismo en Tamaulipas no viste los colores de la oposición tradicional, sino que habita en sus propias filas, incapaz de frenar la soberbia y los apetitos desbordados antes de que la ambición destruya el futuro.
