Por Perla Reséndez
Expreso – La Razón
CIUDAD VICTORIA, TAM.- Jueces bajo proceso disciplinario por presuntas irregularidades, resoluciones que provocaron reclamos de víctimas y policías señalados por asesinatos, alterar escenas del crimen o abuso de autoridad integran una cadena de casos que pone bajo sospecha a quienes deben garantizar la ley en Tamaulipas.
Desde una jueza civil investigada por una disputa patrimonial por una camioneta Jeep Wagoneer, hasta el cambio de medida cautelar que permitió a Christian de Jesús “R”, acusado de tentativa de feminicidio contra Melanie Barragán, seguir en resguardo domiciliario, las actuaciones judiciales cuestionan la vigilancia y rendición de cuentas en el Poder Judicial.
En el ámbito policial, las detenciones de dos exintegrantes del Grupo de Operaciones Especiales (Gopes) por las masacres de Camargo y Nuevo Laredo reabrieron expedientes de graves violaciones a derechos humanos.
A ello se suman investigaciones contra funcionarios de Seguridad Pública por la muerte de dos guardias estatales en Reynosa y procesos contra agentes por homicidio y falsedad de informes oficiales como el IPH.
Los casos comparten patrón: discrecionalidad en juzgados, multas a litigantes y resoluciones que alivian medidas a imputados por violencia grave, con auditorías que sancionan poco.
Las omisiones de notarios y validación de endosos falsos para despojo muestran cadena donde fedatarios y juzgados operan sin controles, según quejas en Reynosa y sur.
El giro en caso Melanie expone tensión entre garantismo y protección a víctimas, mientras amparos al exgobernador evidencian uso político del amparo.
Camargo y Valles de Anáhuac comparten modus: alterar escena para simular enfrentamiento, falsificar informes y encubrir ejecuciones, con investigaciones que ahora alcanzan a prófugos.
JUECES BAJO REVISIÓN
Al menos cuatro jueces son investigados por el Tribunal de Disciplina por quejas en su actuación, informó la magistrada presidenta del Supremo Tribunal, Tania Gisela Contreras López.
Uno de los casos es el de Mónica Liliana Pérez Chapa, separada del cargo por imponer multa de 1.2 millones de pesos a una abogada. Contra la misma juzgadora ya existía queja previa por procedimiento similar de otro litigante, lo que apunta a un patrón.
Hay más juzgadores bajo revisión a la espera de resolución. La presidenta del Poder Judicial explicó que las sanciones van de amonestaciones a multas y separación del cargo según la gravedad.
“Tenemos servidores sancionados, desde amonestación hasta multas, que son básicamente por actividades administrativas”, declaró.
El Tribunal de Disciplina reportó más de 300 determinaciones en su primer año. Solo dos de cada diez derivaron en sanción; 80% resultó infundado, precisó Contreras.
Las quejas se revisan mediante auditorías a expedientes para detectar anomalías. Uno de los asuntos auditados es el de una jueza civil de Victoria señalada por presunto favorecimiento en la disputa por una camioneta y posible parcialidad.
LA CAMIONETA Y EL NOTARIO SEÑALADO
El caso fue denunciado por Mayela de Jesús Carranco Narváez, quien acusa que una Jeep Wagoneer de su propiedad fue retirada de una agencia mediante procedimiento irregular sin su consentimiento y con documentos cuestionados.
Cuestiona un endoso en la factura: asegura que la firma no es suya. Presentó queja contra la jueza Liliana “P”, un secretario de acuerdos y el notario Claudio “D”.
El Tribunal de Disciplina ya recibió la queja y audita el expediente civil para determinar si hubo irregularidades en la valoración de pruebas y cadena documental.
El señalamiento alcanza a un fedatario, cuya actuación deberá revisarse para establecer si hubo irregularidad en la documentación del vehículo y si validó una firma apócrifa.
En agosto, Contreras López informó que 12 denuncias civiles y penales contra notarios estaban judicializadas, por presunta modificación patrimonial sin voluntad de propietarios, principalmente en Reynosa y sur.
EL CASO MELANIE: UNA RESOLUCIÓN CUESTIONADA
El expediente de Melanie Barragán, agredida en fiesta de Halloween en Ciudad Madero el 31 de octubre de 2024, colocó en el debate las decisiones judiciales y la protección a víctimas.
Christian de Jesús “R”, acusado de tentativa de feminicidio, estuvo en prisión preventiva desde diciembre de 2024. El 22 de octubre de 2026 la jueza Luz del Carmen Lee Luna cambió la medida a resguardo domiciliario.
El Ministerio Público se opuso: advirtió riesgo para la víctima y posibilidad de obstaculizar el proceso. La defensa ofreció vigilancia familiar y cámaras en el domicilio donde permanecería.
La jueza autorizó el cambio. Christian salió del penal de Altamira para continuar bajo condiciones fuera de prisión, resolución criticada por colectivos feministas que ven riesgo de revictimización.
CUANDO LOS JUECES TAMBIÉN SON INVESTIGADOS
Los cuestionamientos no son solo estatales. El exjuez federal Juan Fernando Alvarado López fue inhabilitado un año por el Tribunal de Disciplina por faltas graves en amparos a favor del exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
La queja la presentó en abril de 2024 el diputado Sergio Gutiérrez Luna ante el entonces Consejo de la Judicatura Federal. El Tribunal acreditó resoluciones contrarias a la ley y omisión de constancias esenciales.
Entre ellas, suspensiones que favorecieron al exmandatario ante orden de aprehensión y evitaron suspender sus derechos político-electorales o declararlo prófugo, pese a orden vigente.
En mayo de 2026 Alvarado López fue vinculado a proceso penal por delito contra la administración de justicia, causa 45/2026, en el Centro de Justicia Penal Federal de Reynosa, en libertad.
Otro juzgador cuestionado fue Faustino Gutiérrez Pérez, quien otorgó amparos para mantener escoltas al exgobernador. En abril de 2025 un Tribunal Colegiado revocó esa protección y negó el amparo.
LAS SANCIONES: QUÉ ESTABLECE LA LEY
La Ley Orgánica del Poder Judicial faculta al Tribunal de Disciplina para investigar, substanciar y resolver responsabilidad administrativa de servidores judiciales.
Las sanciones incluyen amonestación privada o pública, suspensión temporal, destitución, sanciones económicas e inhabilitación temporal.
Distingue faltas no graves y graves. Para las no graves: suspensión de 1 a 30 días e inhabilitación de tres meses a un año. Para las graves: suspensión de 30 a 90 días, destitución, multa e inhabilitación.
Si los hechos pudieran ser delito, el Tribunal da vista al Ministerio Público para iniciar investigación penal y deslindar responsabilidades.
NOTARIOS: DE LA QUEJA A LA PÉRDIDA DEL FÍAT
La Ley del Notariado de Tamaulipas regula la fe pública. El artículo 133 prevé amonestación escrita, multa, suspensión y separación definitiva según la falta.
La cancelación del fíat procede por falta de probidad, delitos de falsedad o patrimoniales con sentencia firme, simulación de actos jurídicos o faltas graves que afecten certeza jurídica y dañen patrimonio de terceros.
POLICÍAS QUE TERMINAN FRENTE A LA JUSTICIA
Dos detenciones del 26 de octubre reavivaron el escrutinio a corporaciones de la administración de Cabeza de Vaca. Se trata de Berenice “N”, alias “La China” o “La Sheena”, y Edith “N”, exintegrantes señaladas por homicidios múltiples.
Berenice “N” fue detenida en colonia Albañiles de Altamira por su probable participación en la masacre de 19 personas en Camargo el 22 de enero de 2021. Había 16 guatemaltecos, un salvadoreño y dos mexicanos, hallados calcinados en una camioneta en ejido Santa Anita.
La investigación estableció que policías persiguieron a las víctimas, las asesinaron e incineraron para simular enfrentamiento. En septiembre de 2023 once expolicías fueron sentenciados a 50 años y otro a 19 años. El fiscal Jesús Eduardo Govea Orozco confirmó que faltan 12 exoficiales por detener.
VALLES DE ANÁHUAC: OCHO PERSONAS Y UN SUPUESTO ENFRENTAMIENTO
Edith “N” fue detenida en centro de Tampico por homicidio calificado, abuso de autoridad, falsedad en informes y allanamiento de morada.
Su caso es por la muerte de ocho personas -cinco hombres y tres mujeres- el 5 de septiembre de 2019 en colonia Valles de Anáhuac, Nuevo Laredo.
Seguridad Pública lo presentó como enfrentamiento con crimen organizado, pero la investigación reveló que agentes del entonces Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas (CAIET) manipularon la escena, colocaron casquillos y alteraron el lugar para simular choque y justificar uso letal.
En 2019 se ordenaron siete aprehensiones: dos detenidos luego liberados, tres colaboraron bajo criterio de oportunidad y dos quedaron prófugos. La detención de Edith “N” es avance para cerrar ese ciclo de impunidad que duró años.
EL CASO CAMARGO: HASTA LOS POLICÍAS PROCESALES FUERON INVESTIGADOS
La masacre de Camargo tuvo otro capítulo con José Arturo “N”, alias “Baltazar”, exGopes, detenido en marzo de 2026 y vinculado por homicidio calificado, abuso de autoridad y delitos en funciones.
El 3 de abril se fugó del Centro Integral de Justicia de Victoria. Por ello dos policías procesales fueron vinculados por presuntamente facilitar la evasión, lo que expuso fallas de custodia.
La Fiscalía ofreció 300 mil pesos de recompensa y lo recapturó en ejido Santa Engracia, Hidalgo, cuando se había vinculado a un grupo delictivo, lo que agravó su situación jurídica.
POLICÍAS MUERTOS Y SOSPECHAS DENTRO DE LA CORPORACIÓN
La exigencia de investigar alcanza hechos donde víctimas fueron policías. El 5 de mayo de 2026 murieron los guardias Vicente Toledo Ruiz y Marco Tulio Pizaña Torres tras emboscada en colonia Valle Soleado, Reynosa, carretera Reynosa-San Fernando. Un tercer agente quedó grave.
Vigilaban la zona y pidieron apoyo al reportar disparos desde un vehículo. El fiscal Govea Orozco dijo que se indaga posible participación u omisiones de funcionarios de Seguridad Pública: “No se puede descartar la intervención de terceros”.
El secretario de Seguridad, Carlos Arturo Pancardo Escudero, rechazó esa línea y atribuyó el ataque al crimen organizado, ofreciendo colaboración total con la Fiscalía.
Otro caso es el de Jonathan “N”, guardia estatal vinculado en octubre de 2026 por homicidio calificado, abuso, delitos en funciones y falsedad de informes, por hechos del 4 de octubre de 2025 en centro de Ocampo, donde murió una persona. Fiscalía acusa alteración de indicios y falsedad en Informe Policial Homologado. Tiene seis meses de investigación complementaria.
