EXPOSICIÓN DE MOTIVOS /JOSUÉ SÁNCHEZ NIETO
Presentar una iniciativa debería implicar algo más que prestarle el nombre a un documento y
posar para la fotografía; por lo menos, haberlo leído. Si además quien promueve lo entiende, ya
hablaríamos de una saludable costumbre parlamentaria. Aunque, por lo visto, para algunos eso
cuenta como trabajo extra.
La semana pasada, la diputada Silvia Isabel Chávez Garay fue cuestionada por la prensa sobre
una iniciativa que había presentado. Las respuestas no aclararon lo que proponía, pero sí
quedó claro que tenía prisa: dijo que la estaban “entreteniendo” porque le iban a festejar su
cumpleaños.
Indudablemente, la explicación del proyecto podía esperar; el festejo, aparentemente, tenía
carácter de urgente resolución.
Y el problema no es cumplir años, celebrar ni tener vida social, el problema aparece cuando
una pregunta sobre el trabajo público se recibe como una molestia y quien debe responder
parece tener más claridad sobre su siguiente compromiso que sobre la propuesta que acaba de
presentar.
Conviene recordar algo elemental: a los diputados se les paga para legislar, representar y
revisar el ejercicio del poder. Eso exige preparación. No basta con subir a tribuna, leer unas
hojas y esperar el aplauso de los compañeros.
Por supuesto que pueden tener asesores. Es razonable que especialistas ayuden a investigar,
redactar y revisar proyectos. Nadie espera que cada legislador domine todas las materias. Pero
una cosa es apoyarse en un equipo y otra convertir la firma en un trámite… Se puede encargar
la redacción; hacerse cargo de lo que se propone viene incluido en el puesto.
Quien presenta una iniciativa debe poder explicar qué problema busca resolver, a quién
beneficiaría y qué cambiaría si se aprueba. También debe conocer sus límites y escuchar
objeciones. No se trata de aprobar un examen sorpresa de doctorado, estamos hablando de
conocer el trabajo que se presume como propio.
Y si una pregunta requiere un dato que no se tiene, existe una respuesta digna: reconocerlo,
verificarlo y dar seguimiento. Lo que difícilmente ayuda es tratar al reportero como al invitado
que ya se tardó en despedirse. La prensa pregunta sobre asuntos públicos. Contestar forma
parte de la responsabilidad de quien decidió ocupar un cargo público.
Aquí asoma un vicio que merece más atención: confundir actividad con resultados. Presentar
documentos puede alimentar una estadística, llenar las redes y engordar un informe. Pero si
quien los promueve no puede explicar su contenido, cabe preguntar cuánto hay de convicción y
cuánto de utilería.
Mucho movimiento para la cámara no garantiza que algo se mueva para la gente.
Un episodio no basta para juzgar toda una trayectoria, ni sería serio convertirlo en sentencia
contra un Congreso entero, pero sí alcanza para exigir explicaciones y señalar una conducta.
Porque la ciudadanía merece saber si detrás de una propuesta hay estudio y compromiso, o
solamente una carpeta que alguien entregó minutos antes de pasar al micrófono.
La salida no requiere inventar otra oficina: leer antes de firmar, discutir los proyectos con el
equipo, preparar respuestas y dar seguimiento a lo presentado. Los grupos parlamentarios
deberían exigirlo. Y los informes tendrían que explicar qué problemas se atendieron, no
limitarse a contar cuántas iniciativas se depositaron en la ventanilla.
Una agenda social bien organizada no compensa una responsabilidad pública mal atendida. El
sueldo no se justifica por asistir a festejos ni por acumular publicaciones con cara de
solemnidad. Se justifica trabajando y dando la cara cuando toca explicar ese trabajo.
Por supuesto, que haya pastel, pero que también haya preparación. Porque las velitas las sopla
la diputada; la cuenta de una representación que no sabe qué propone la seguimos pagando
todos.
