Por Nora Marianela García Rodríguez
Expreso – La Razón
Una política pública recorre cuatro etapas: agenda, formulación, implementación y evaluación. La última es la más débil y la menos institucionalizada, pero es la que responde la pregunta que ninguna otra contesta: ¿cómo se sabe que algo sirvió?
Un problema retorcido no admite una solución única ni una prueba definitiva y, por eso, la única defensa contra el gasto inútil es medir después, con independencia, si la intervención cambió algo.
Contar cuánto se gastó, cuántas personas recibieron un apoyo o cuántos hospitales se inauguraron describe la actividad, no el resultado. Por eso, este recuento distingue, en cada caso, si la afirmación descansa en una evaluación de impacto, que aísla el efecto de la intervención; en evidencia observacional, que muestra coincidencias sin probar causas; o en simples indicadores de desempeño.
Lo que resistió la evidencia
El acierto mejor documentado es el de las transferencias condicionadas que arrancaron en 1997 como Progresa, sobrevivieron dos alternancias como Oportunidades y Prospera y desaparecieron en 2019, sustituidas por un esquema de becas sin sus componentes de salud y nutrición.
Su evidencia es de impacto, porque nació con un levantamiento experimental que permitió medir aumentos cercanos a 0.7 años de escolaridad y una caída de 23% en la enfermedad infantil. El modelo se replicó en decenas de países, sobrevivió a dos alternancias porque su evaluación independiente lo volvió difícil de desmontar por consigna y de ahí salió la ley que, en 2004, hizo obligatoria la evaluación de los programas sociales.
El segundo acierto, más discutido, es la recuperación del salario mínimo, que entre el cierre de 2018 y 2026 acumuló 154% en términos reales y pasó de alcanzar para 0.78 canastas básicas a cubrir 1.94. En la Zona Libre de la Frontera Norte, donde hay municipios tamaulipecos, llegó a 440.87 pesos diarios.
La evidencia aquí es observacional, porque la advertencia de un choque inflacionario y una destrucción masiva de empleo formal no se materializó en la magnitud anunciada.
La misma comisión que fija el salario estima que 6.6 de los 13.4 millones de personas que salieron de la pobreza se explican sólo por esos aumentos, un cálculo de parte interesada que no invalida la cifra, pero la coloca en su lugar.
El resultado agregado está en la medición que el INEGI publicó en 2025 con la metodología heredada del CONEVAL: la pobreza multidimensional bajó de 51.9 a 38.5 millones de personas, la pobreza extrema, de 8.7 a 7 millones, y el coeficiente de Gini, de 0.457 a 0.420.
La propia coordinación del INEGI advirtió que no es posible atribuir esa baja a factores precisos, de modo que la reducción es un hecho medido y su causa sigue siendo una hipótesis.
Lo que fracasó, y cuanto costo
La misma encuesta contiene el reverso, porque la carencia por acceso a servicios de salud subió de 16.2% de la población en 2018 a 39.1% en 2022 y cerró en 34.2% en 2024: de 20.1 a 44.5 millones de personas, un saldo de 24.4 millones más y el retroceso más profundo de toda la medición.
Ese indicador mide afiliación o derecho a un servicio, no la calidad de la atención. El gobierno federal sostuvo que el nuevo sistema atiende sin afiliación previa, por lo que la cifra subestimaría la cobertura; el CONEVAL respondió que el cuestionario sí contaba a quienes declaraban tener derecho y que la caída se concentró en los hogares más pobres.
La decisión detrás de la curva es rastreable, porque en 2019 se extinguió el Seguro Popular para crear el INSABI y, en 2023, el INSABI se extinguió para trasladar sus funciones a IMSS-Bienestar: dos reingenierías institucionales en cuatro años sin evaluación pública previa.
El costo lo absorbieron los hogares, ya que entre 2018 y 2024 el gasto de bolsillo en medicamentos creció 116% en términos reales, el gasto total de las familias en salud aumentó 41.4% y los hogares con gastos catastróficos en salud subieron 64.5%, mientras el gobierno reconocía en 2026 un desabasto residual cercano a 3%.
La cobertura de vacunación siguió la misma ruta, con una caída de la protección contra la tuberculosis de 99% a 88% entre 2021 y 2025.
Ese desabasto tiene registro reciente en Tamaulipas, donde el delegado del IMSS admitió un abasto de 95%, que calificó de insuficiente, y pidió a los derechohabientes no comprar medicinas por su cuenta, mientras en hospitales de Tampico los médicos entregaban las recetas a los familiares para que consiguieran el medicamento afuera.
En un país donde seis de cada 10 personas sin seguridad social se atienden ya en servicios privados, entre ese 95% de abasto y la receta que sale del hospital en manos de un familiar está exactamente el gasto de bolsillo que la encuesta registra.
El segundo fracaso exige otra vara, la de una inversión. La refinería Olmeca de Dos Bocas se prometió en 2019 con 8 mil millones de dólares, tres años de obra y una capacidad de 340 mil barriles diarios.
Se inauguró en 2022, operó de verdad hasta 2024 y su costo oficial superó los 21 mil millones de dólares, 2.6 veces lo prometido, cifra que la propia Pemex reconoció en 2026. De esta manera, cada barril diario de capacidad costó más de 61 mil dólares, frente a los 23 mil 500 del plan original.
En junio de 2026, la refinería procesó 141 mil barriles, 41% de su diseño, y Pemex aseguró a finales de agosto una recuperación a 248 mil, que todavía no consta en un reporte consolidado.
Su defensa es que una instalación así se estabiliza de forma gradual y que las caídas obedecen a mantenimientos, no a fallas de construcción. Esa defensa fija su propio criterio de éxito: si llega y se mantiene entre 300 mil y 340 mil barriles será un activo estratégico; si se queda entre 140 mil y 170 mil, con paros, el costo de oportunidad superará los beneficios.
Ese costo ya es visible, porque la refinería se pagó con recursos públicos. Pemex recibió 100 mil 400 millones de pesos de aportaciones en el primer semestre de 2026 y, con cifras de Hacienda, de cada 100 pesos de ingresos petroleros que recibió la Federación, 77 regresaron a la empresa.
Dos Bocas ilustra una preferencia más general del poder: gastar en lo tangible que se inaugura antes que en lo difuso que sólo se promete, porque los sistemas político y presupuestario premian la obra visible y el dato discreto sobre la meta amorfa de reducir la pobreza o mejorar la salud. Una refinería, un hospital o una carretera se cortan con un listón; una política que funciona, no.
Una política puede funcionar y fallar al mismo tiempo
El caso de las Escuelas de Tiempo Completo lo muestra al derecho, porque se cancelaron en febrero de 2022 pese a que el CONEVAL había documentado reducciones en repetición y rezago, con efectos hasta 30% mayores en planteles de alta marginación, y pese a que para 65.8% de las familias el servicio de alimentación era el primer alimento del día de sus hijos.
El programa atendía a 3.6 millones de estudiantes y, cuando se pidió por transparencia el estudio que sustentaba el cierre, la autoridad respondió que no se encontró.
Sembrando Vida lo muestra al revés, porque el CONEVAL le halló efectos positivos en seguridad alimentaria y liquidez rural, mientras un análisis externo estimaba un exceso de pérdida forestal de 11% en los municipios donde operó en 2019 y la auditoría de la Cuenta Pública 2020 dejaba 901 millones de pesos pendientes de aclarar.
Un programa puede acertar en lo social y fallar en lo ambiental al mismo tiempo, y sólo un evaluador independiente permite sostener las dos cosas.
El país que se quedó sin evaluador
Todo ocurre bajo una restricción fiscal que se estrecha. El gasto en pensiones para 2026 alcanzará 2.32 billones de pesos, cerca del 6% del PIB, y sólo las contributivas representan 24% del gasto programable.
Según Hacienda, en el primer semestre costaron 1.13 billones, equivalentes al 71.9% de todo lo recaudado por ISR, mientras esa recaudación cayó 6.2% real. Así, cada peso extra en pensiones recorta margen para salud, agua o seguridad, salvo que aumenten los ingresos o la deuda.
En ese marco fiscal estrecho, la decisión más relevante fue institucional: la reforma constitucional de diciembre de 2024 y las leyes de julio de 2025 extinguieron al CONEVAL y dividieron sus tareas.
La medición de la pobreza y la evaluación integral pasaron al INEGI, que creó una dirección específica, y la evaluación programa por programa —la que determina si una intervención reduce la deserción o genera efectos no deseados— quedó en Hacienda, que además define el calendario de evaluaciones.
El argumento oficial fue la simplificación administrativa, evitar duplicidades y encargar la medición a un organismo con autonomía constitucional. Es parcialmente válido, pues el INEGI sí posee una autonomía que el CONEVAL nunca ejerció plenamente.
Conviene distinguir tres niveles: autonomía constitucional, la del INEGI; autonomía técnica, la que tenía el CONEVAL para decidir qué y cómo evaluar; e independencia funcional, la capacidad de publicar resultados adversos al gobierno, que es la que importa al ciudadano.
Esa independencia siempre tuvo límites, pues en 2019 el Ejecutivo removió al secretario ejecutivo, facultad que mantuvo porque la ley reglamentaria de 2014 que lo convertía en órgano constitucional nunca se emitió.
A un año, el balance es mixto. El INEGI publicó sin matices que 44.5 millones carecen de acceso a servicios de salud, mostrando que puede incomodar al poder. Pero la evaluación por programa quedó bajo la misma administración que asigna su presupuesto, aunque se permita contratar evaluadores externos.
Con ello, la fase más frágil del ciclo de la política pública perdió a su guardián independiente.
