En Voz Alta/Perla Reséndez
En el Poder Judicial, el tiempo también es justicia. Y en Tamaulipas, esperar cuatro meses para
una audiencia penal o hasta ocho meses por una sentencia no era precisamente una invitación
a confiar en los tribunales. Por eso, si los números presentados por la magistrada presidenta
Tania Gisela Contreras López se sostienen, hay motivos para poner atención.
En su primer año de resultados, el Poder Judicial reportó 70 mil 365 asuntos resueltos. La cifra
supera en 11 mil 365 el máximo de 59 mil registrado en 2023. Pero más allá del récord, hay
datos que merecen subrayarse: las audiencias penales pasaron de una espera de cuatro
meses a 15 días, y el tiempo para dictar sentencias se redujo de seis a ocho meses a siete
semanas.
En segunda instancia, el informe reportó que durante los primeros 100 días se resolvió el
rezago acumulado, con mil 34 asuntos concluidos. En materia familiar se cerraron más de 42
mil casos y los expedientes pendientes de resolución disminuyeron 18 por ciento.
No son cifras menores. Detrás de cada expediente hay personas que esperan una respuesta,
familias que buscan resolver conflictos y ciudadanos que necesitan que la justicia llegue antes
de que la demora se convierta en otra forma de injusticia.
PERO… Los récords no se miden solamente contando expedientes. También importa la calidad
de las resoluciones, que se cumplan y que las personas encuentren en los tribunales una
respuesta imparcial. La velocidad es importante, pero no puede estar por encima de la certeza
jurídica.
La nueva etapa también presume otros cambios: un protocolo de atención para personas
autistas y neurodivergentes, evaluaciones a juezas y jueces, más investigaciones disciplinarias
y transmisión pública de las sesiones de las Salas Colegiadas. En transparencia, Tamaulipas se
colocó como la quinta entidad en abrir estas sesiones a la ciudadanía.
Todo suma, siempre que la apertura no se quede en las cámaras encendidas y la disciplina no
sea solamente una estadística. La confianza se construye cuando las reglas se aplican por
igual, las faltas se investigan y las resoluciones pueden explicarse ante la sociedad.
El gobernador Américo Villarreal Anaya defendió la renovación democrática del Poder Judicial y
afirmó que el mandato se ha cumplido. Es una valoración política que acompaña el nacimiento
de esta nueva etapa. Ahora, el reto es que los resultados hablen por sí mismos, más allá del
respaldo institucional.
Porque cambiar estructuras y renovar cargos puede abrir la puerta a una transformación, pero
no la garantiza. La ciudadanía no necesita solamente un Poder Judicial distinto; necesita uno
que resuelva a tiempo, actúe con independencia y no tenga ciudadanos de primera ni de
segunda.
EN VOZ ALTA: Setenta mil asuntos resueltos son una cifra para presumir. Que la justicia deje
de ser una carrera de obstáculos para quien la necesita, esa sí sería la verdadera victoria.
