En Público
Nora García Rodríguez
En el mercado de la papelería electoral, una licitación puede tener varios concursantes y un solo dueño, y a ese mercado también le compró el Instituto Electoral de Tamaulipas. El instituto reconoció a finales de octubre que Cajas Graf, la empresa en el centro de la investigación federal, le vendió materiales en 2021 y 2022 por más de 31 millones de pesos; la elección del 6 de junio de 2027, que renovará los 43 ayuntamientos y el Congreso del estado, pondrá a prueba cómo compra ahora.
El 4 de noviembre, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló como medida precautoria, sin determinar responsabilidades, las operaciones de 25 personas y 15 empresas ligadas a proveedores electorales, y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Un día después, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno atribuyó al grupo de los hermanos Hernández Casillas al menos 2 mil 94 millones de pesos en contratos con 23 de los 32 organismos locales entre 2015 y 2023, y el grupo siguió vendiendo en 2024 y 2025, con Guadalupe Taddei al frente del INE, quien niega haberlo favorecido.
Según esa exposición, el grupo inscribía varias firmas propias en un mismo concurso, acordaba los precios entre ellas y dejaba ganar a la que ofrecía menos, de modo que la competencia existía solo en el papel y el beneficiario final era siempre el mismo. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la red nació hace por lo menos 27 años y que en la papelería electoral trabajan apenas unas cuatro empresas.
Con tan pocos proveedores, una licitación deja de proteger el precio si nadie verifica que las ofertas sean independientes. Los productos se fabrican con especificaciones oficiales, la demanda se concentra en los años electorales y los plazos no admiten retrasos, así que quien conoce a todos los competidores puede repartirse los concursos, y la autoridad, pagar como precio de mercado uno que fue acordado.
El diseño legal puede facilitarlo: la ley encarga a cada instituto local imprimir sus documentos y producir sus materiales con los lineamientos del INE, de modo que 32 institutos, cada uno con sus volúmenes y su calendario, compran por separado a los mismos pocos vendedores. Las auditorías tendrán que establecer si esa fragmentación ayudó a repartir el mercado y en qué contratos el riesgo se volvió conducta.
En noviembre de 2023, la UIF ya había congelado las cuentas de Cajas Graf, de Corporativo Zeg y de los hermanos Hernández Casillas, que después obtuvieron amparos contra el bloqueo. El 27 de febrero de 2025, tras declarar desierta la licitación, el INE adjudicó directamente a Cajas Graf y TOL Producciones las urnas y mamparas de la elección judicial, con un monto máximo de 198.7 millones de pesos.
Aunque el bloqueo de cuentas no impide contratar y los amparos lo levantaron, el antecedente obliga al INE a explicar qué controles aplicó para revisar vínculos entre quienes concursaban. Una alerta financiera puede revertirse en tribunales; por eso el filtro tiene que estar en el propio procedimiento de compra, capaz de detectar cuándo varios concursantes responden al mismo dueño.
En Tamaulipas, el IETAM sostiene que contrató con normalidad, sin favoritismos y con transparencia, y la revisión tendrá que contrastar esa versión con los expedientes. Un concurso cumple todas las formalidades y aun así carece de competencia si los participantes pertenecen al mismo grupo, por lo que toca saber quiénes concursaron en 2021 y 2022, qué relación tenían y cómo se comparan sus precios con los de compras equivalentes de otros institutos.
Sobre el origen del escándalo compiten dos lecturas: la del gobierno federal, que subraya que la red nació décadas antes de Taddei, y la que concentra la responsabilidad en su gestión. Las cifras son compatibles con ambas, porque el grupo vendió durante varias administraciones, y una revisión limitada a un solo periodo dejará intacto el mecanismo. Para el votante, el origen pesa menos que los controles con que se harán las compras de 2027.
Talleres Gráficos de México, que ya imprime las boletas federales, produciría la mayor parte del material electoral con el decreto que anunció la presidenta, bajo un consejo de administración con observación externa. La imprenta pública reduciría la intermediación si tiene capacidad suficiente y transparenta sus propias compras.
Al mismo tiempo, el esquema concentraría en una entidad del gobierno federal parte de la operación de órganos cuya autonomía existe para que no dependan de ningún gobierno. Las especificaciones, la supervisión y las decisiones de compra tienen que quedarse con el INE y los institutos locales, y el consejo anunciado dará garantías solo si en él tienen voz los órganos electorales.
El IETAM no necesita esperar ese decreto. Su programa de trabajo 2026 ya prevé adquirir material electoral y conservar el recuperado de la elección judicial local de 2025 para su eventual reutilización, y antes de comprar puede identificar a quienes controlan o se benefician finalmente de cada concursante, publicar los precios desde la apertura de propuestas y difundir un inventario verificable de las urnas que asegura tener.
Quien en junio vote en Victoria, Reynosa o El Mante no verá los contratos detrás de su boleta, pero la credibilidad del resultado también descansa en ellos. Un instituto que sabe quién controla a sus proveedores y publica las ofertas antes de adjudicar hace mucho más difícil que una licitación con varios concursantes termine teniendo un solo dueño.
